Consejo de Derechos Humanos – 34º período de sesiones – 27 de febrero a 24 de marzo de 2017 – Órganos y mecanismos de derechos humanos – Foro Social de 2016*

Informe de los Copresidentes-Relatores – Resumen
De conformidad con la resolución 29/19 del Consejo de Derechos Humanos, el Foro Social se celebró en Ginebra del 3 al 5 de octubre de 2016. Los participantes examinaron la promoción y el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, en el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el presente informe se resumen los debates y las recomendaciones del Foro.
* El anexo del presente informe se distribuye como se recibió, únicamente en el idioma en que se presentó.

Naciones Unidas – A/HRC/34/69 – Asamblea General – Distr. general -13 de diciembre de 2016 – Español
Original: inglés – A/HRC/34/69 – GE.16-22013

Índice
Página
I. Introducción …………………………………………………………………………………………………………………. 3
II. Apertura del Foro Social ………………………………………………………………………………………………… 3
III. Resumen de las deliberaciones ………………………………………………………………………………………… 4
A. Sentar las bases: de las necesidades a los derechos, avances y dificultades ……………………. 4
B. Las personas con discapacidad y la diversidad humana: la aceptación de la diversidad y la concienciación  6
C. La accesibilidad y la no discriminación: que nadie quede a la zaga ………………………………. 8
D. Fortalecimiento de la igualdad y medidas específicas …………………………………………………. 9
E. Participación efectiva y empoderamiento ………………………………………………………………….. 10
F. Hacer que el desarrollo sea inclusivo ………………………………………………………………………… 12
G. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas ……………………………………………………. 14
H. Mesa redonda: fundamentar las políticas …………………………………………………………………… 15
I. Hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad …… 16
J. El futuro que queremos – Primera parte ……………………………………………………………………. 18
K. El futuro que queremos – Segunda parte …………………………………………………………………… 19
IV. Conclusiones y recomendaciones …………………………………………………………………………………….. 21
A. Conclusiones ………………………………………………. 21
B. Recomendaciones …………………………………………22

Anexo
List of participants …………………………………………………………………………………………………………. 25

I. Introducción
1. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 29/19, reiteró que el Foro Social era un espacio único para el diálogo interactivo entre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y los distintos interesados, incluidas la sociedad civil y las organizaciones locales1.
2. El Foro Social de 2016 se celebró en Ginebra del 3 al 5 de octubre. Se centró en la promoción y el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, en el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Presidente del Consejo nombró Copresidentes-Relatores del Foro al Sr. Jorge Lomónaco, Embajador y Representante Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y al Sr. Carl Allan Reaich, Representante Permanente Adjunto y Encargado de Negocios interino de Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
3. El programa de trabajo se elaboró bajo la orientación de los Copresidentes-Relatores, con aportaciones de los interesados pertinentes. En el presente informe se resumen los debates, las conclusiones y las recomendaciones del Foro. El programa del Foro y la lista de participantes figuran como anexos del presente informe.

II. Apertura del Foro Social
4. El Sr. Lomónaco recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había entrado en vigor con gran rapidez. Se había dejado atrás el modelo médico asistencialista para reconocer plenamente a las personas con discapacidad como titulares de derechos y miembros activos y autónomos de la sociedad. El orador instó a los Estados a que ratificaran o se adhirieran a la Convención y su Protocolo Facultativo como cuestión prioritaria. Todavía quedaba mucho por hacer, ya que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños, seguían encontrando obstáculos a su participación en condiciones de igualdad y sufrían violaciones de sus derechos. Nueva Zelandia y México habían renovado su compromiso con los principios de la Convención y exhortaban a los Estados a tener en cuenta sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad en todos los niveles.
5. El Sr. Choi Kyong-Lim, Presidente del Consejo de Derechos Humanos, señaló que desde 2009 el Consejo consideraba sistemáticamente el tema, organizaba debates interactivos anuales y había creado el mandato de Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. El proceso de examen periódico universal era un instrumento eficaz para promover la ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo. El Consejo también había creado el equipo de tareas sobre los servicios de secretaría, la accesibilidad de las personas con discapacidad y la utilización de la tecnología de la información, que procuraba mejorar la accesibilidad en el Consejo. El orador alentó a los Estados a que siguieran velando por que las cuestiones relativas a los derechos de las personas con discapacidad estuvieran presentes en sus debates y decisiones.
6. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reafirmó el compromiso de su Oficina (ACNUDH) con la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El tema se había convertido en una prioridad y una cuestión transversal en la labor del ACNUDH. Se había mejorado la supervisión en el marco del examen periódico universal, el Consejo y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, mientras que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había hecho enormes avances. Era hora de aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, teniendo debidamente en cuenta la Convención. El ACNUDH estaba elaborando herramientas de ayuda a la formulación y el seguimiento de políticas, había aprobado la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria y apoyado la elaboración de directrices sobre las personas con discapacidad en contextos humanitarios.

1 Para más información sobre el Foro Social, véase www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/ sforumindex.aspx.

7. El Sr. Colin Allen, Presidente de la Alianza Internacional de la Discapacidad, encomió a México y Nueva Zelandia y al Grupo de Amigos de la Convención por su papel de liderazgo; acogió con satisfacción la aprobación de la Agenda 2030, que había aportado una dimensión de derechos humanos al desarrollo; el fortalecimiento del Comité; la creación del mandato del Relator especial; y la labor que realizaban los órganos de las Naciones Unidas para considerar sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad. Quedaban otros motivos de preocupación, como las agresiones repetidas contra esas personas, los obstáculos con que se encontraban cuando querían formar una familia, la esterilización forzada, la segregación, la medicación sin consentimiento y las limitaciones al ejercicio de la capacidad jurídica. Para lograr la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad debía aceptarse la diversidad y reforzar las asociaciones.
8. Se proyectó un vídeo en el que se destacaba que, diez años después de la aprobación de la Convención, las personas con discapacidad tenían derecho al disfrute de todo el espectro de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación. La Convención había promovido la plena participación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, cuestionando las costumbres, los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas y el estigma en relación con las personas con discapacidad. Sin embargo, quedaba por delante una tarea descomunal para lograr que todas las personas con discapacidad disfrutasen plenamente de sus derechos.

III. Resumen de las deliberaciones2
A. Sentar las bases: de las necesidades a los derechos, avances y dificultades
9. El Sr. Georgi Panayotov, Embajador y Representante Permanente de Bulgaria ante las Naciones Unidas, y Presidente electo de la Conferencia de los Estados partes en la Convención para 2017-2018, declaró que Bulgaria concedía especial atención a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y velaba por su participación y bienestar, con especial hincapié en los niños y los jóvenes. Bulgaria había promovido la inclusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Conferencia de las Partes era una plataforma vital, que reunía a un gran número de interesados, y era importante garantizar la plena participación y la inclusión de las personas con discapacidad en la aplicación de la Convención.
10. La Sra. Catalina Devandas-Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, afirmó que la Convención había influido en la Agenda 2030 y había impulsado las estrategias nacionales e internacionales. Había proporcionado a las personas con discapacidad un marco para defender sus derechos.

2 Las declaraciones y las presentaciones que se facilitaron a la secretaría pueden consultarse en: www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2016Statements.aspx.

Sin embargo, muchas personas, en particular las mujeres y otros grupos marginados, seguían afrontando obstáculos. Las prácticas discriminatorias y nocivas, tales como la esterilización forzada, el tratamiento forzado, la hospitalización y el uso de medios de inmovilización en el entorno escolar se seguían aplicando. Era necesario mejorar la colaboración con todas las partes interesadas; incrementar la asistencia técnica, la cooperación y el intercambio de buenas prácticas; velar por la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones; y fortalecer el sistema de las Naciones Unidas para garantizar la aplicación de la Convención y la consecución de los Objetivos.
11. La Sra. María Soledad Cisternas, Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, añadió que el Comité tenía el compromiso de fortalecer el sistema de órganos de tratados y la independencia y la imparcialidad de los expertos, y tenía una relación abierta con la Conferencia de las Partes. Había elaborado directrices sobre cuestiones tales como el procedimiento simplificado de presentación de los informes periódicos; la participación de la sociedad civil, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de los mecanismos de supervisión; y la libertad y seguridad de las personas con discapacidad. El Comité se había ocupado de temas como el derecho a la vida, la accesibilidad, las mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la capacidad jurídica, la libertad y la seguridad, la educación inclusiva, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el acceso a la comunicación, la libertad de opinión y el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
12. La Sra. Zhang Haidi, Presidenta de la China Disabled Persons’ Federation, señaló que la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad debía comenzar con una evaluación de sus necesidades y condiciones de vida. Una encuesta de hogares de personas con discapacidad en China había recopilado datos desglosados y había permitido comprender esas necesidades, orientando las políticas y la investigación, incluida la creación de dos sistemas de subvención. China se esforzaba por promover la construcción sin barreras y apoyar los derechos a la educación y el empleo. A lo largo de los años, China había establecido centros de rehabilitación para las personas con discapacidad, en particular los niños, y estaba en proceso de crear una universidad para formar especialistas en ese ámbito. La comunidad internacional debía aplicar estrategias de desarrollo inclusivo e integrar la discapacidad en los marcos de cooperación internacional.
13. Tras las exposiciones, hicieron uso de la palabra los representantes del Brasil, Bulgaria, Chile, Cuba, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Islandia, Polonia, Qatar, la República Bolivariana de Venezuela, Sudáfrica, el Uruguay, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Asociación de Personas con Enfermedades Reumáticas de Sri Lanka, la Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Comisión Intergubernamental de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) sobre los Derechos Humanos, Dementia Alliance International, la Federación Internacional de Personas con Deficiencia Auditiva, la Federación Mundial de Sordos, Inclusion International, la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, la Red Europea de Vida Independiente, la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría la Unión Europea de Sordos, la Unión Europea, la Unión Mundial de Ciegos, y World of Inclusion. Entre las cuestiones planteadas figuraban la inclusión social, los servicios sociales y las prestaciones específicas; la cooperación internacional para fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad; la educación inclusiva; la ratificación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso; las emergencias y los riesgos humanitarios; la inclusión en el mercado de trabajo; los efectos de la pobreza; las mujeres, los niños y los refugiados con discapacidad; la asequibilidad de las prótesis auditivas y la disponibilidad de subtítulos y lengua de señas; la visibilidad de las discapacidades psicosociales; la reforma de las leyes de tutela; y la no discriminación en las políticas relativas al aborto. Se destacó la necesidad de disponer de datos desglosados por discapacidad, apoyo financiero, recursos tecnológicos y obligaciones vinculantes para la aplicación efectiva de la Convención.
14. En su respuesta, la Sra. Zhang subrayó que China apoyaba a los atletas con discapacidad, dando prioridad a la rehabilitación. Si bien China todavía tenía escuelas especiales para algunos niños con discapacidad, intentaba proporcionar a todos los niños la oportunidad de disfrutar de la educación inclusiva en las escuelas ordinarias. La Sra. Devandas Aguilar dijo que la Convención solo podría aplicarse cuando se aceptase e integrase la diversidad humana. Se requerían mayores esfuerzos para superar los obstáculos a la plena participación de las personas con discapacidad en sus comunidades, en particular en los procesos de decisión. La Sra. Cisternas destacó la contribución del Comité en relación con cuestiones como la capacidad jurídica, la educación, la situación de las mujeres y los refugiados, y el acceso a la lengua de señas en el sistema de las Naciones Unidas.

B. Las personas con discapacidad y la diversidad humana: la aceptación de la diversidad y la concienciación
15. El Sr. Peter Ochieng, Presidente del Consejo de Jóvenes de la Alianza Mundial por los Niños con Discapacidad, dijo en un mensaje de vídeo que para muchos jóvenes con discapacidad seguía siendo difícil acceder a la educación inclusiva, el empleo y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. El enfoque de diversidad de la Convención sería importante para recabar la participación de las personas con discapacidad y los jóvenes en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, de ese modo, retar a todos los interesados a tratar a esas personas como titulares de derechos y no como objetos de caridad. Los jóvenes con discapacidad merecían una representación equitativa y en pie de igualdad en todos los procesos de adopción de decisiones, en todos los niveles. El orador exhortó a los Estados y a todos los interesados a que dieran prioridad a una verdadera participación de los jóvenes, incluidos los que tienen una discapacidad, en todos los programas encaminados al logro de los Objetivos.
16. La Sra. Heisoo Shin, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales salvaguardaba la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. En su observación general núm. 5 (1994) el Comité subrayó que las personas con discapacidad tenían derecho al disfrute de toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Los Estados partes estaban obligados a adoptar las medidas adecuadas, con inclusión de medidas de acción afirmativa y trato preferente, para reducir las desventajas estructurales. Al examinar los informes de los Estados partes, el Comité controlaba la situación de las personas con discapacidad. La oradora señaló que los programas educativos debían promover la comprensión recíproca propugnada en el Pacto y en la Convención, y que debía haber una mayor participación de las personas con discapacidad en la labor del Comité.
17. La Sra. Anna Lawson, Directora del Centro de Estudios sobre la Discapacidad de la Universidad de Leeds, declaró que la Convención exigía a los Estados que recopilaran la información adecuada para la formulación de políticas. Ello permitía inventariar las barreras existentes, orientar las campañas y debates dentro de los países y preparar informes paralelos para los órganos que supervisaban la aplicación de tratados. Los Estados estaban obligados a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios e instalaciones de diseño universal. Para ello, hacía falta lograr la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el establecimiento de planes de
investigación de amplia difusión y acceso, utilizar metodologías diferentes, recopilar datos sobre la vida de las personas en zonas de difícil acceso, lograr que los procesos de investigación fueran accesibles e inclusivos, establecer criterios de ética, salud y seguridad para la investigación, y facilitar la colaboración multidisciplinaria y la reflexión transdisciplinaria.
18. La Sra. Verónica González, periodista especializada en cuestiones de género y discapacidad de la Televisión Pública Argentina, afirmó que las personas con discapacidad estaban excluidas de la producción de información y no estaban suficientemente representadas como especialistas. Se las presentaba en forma discriminatoria, como víctimas o, por el contrario, como superhéroes. La información no era accesible a todos los públicos. En la Argentina, la televisión pública abordaba diversas cuestiones, como la sexualidad, el acceso a la justicia, el deporte, la educación y el empleo, con un enfoque basado en los derechos humanos. La ley nacional sobre accesibilidad de la prensa audiovisual contemplaba la utilización de la lengua de señas, el subtitulado y el lenguaje simplificado. La Convención había contribuido a aumentar la conciencia sobre la diversidad de las personas con discapacidad y a eliminar las barreras y los prejuicios, y permitía a las personas con discapacidad conocer sus derechos. Del mismo modo, las recomendaciones del Comité habían permitido a los defensores de los derechos de las personas con discapacidad impugnar las políticas que no estaban en consonancia con el modelo basado en los derechos.
19. Durante el diálogo, hicieron uso de la palabra los representantes de Action on Disability and Development of Sudan, la Alianza Mundial para la Representación de las Personas con Discapacidad en los Medios y la Industria del Espectáculo, Dementia Alliance International, la Federación Mundial de Sordos, la Federación Nacional de Ciegos de Mongolia, el Foro sobre Discapacidad de la ASEAN, Include Me Too, People First de Nueva Zelandia, la Red Italiana de Discapacidad y Desarrollo, la Unión Nacional de Personas con Discapacidad de Uganda y World of Inclusion,. Los oradores se refirieron a la necesidad de una capacitación de calidad para los profesionales de los medios de comunicación, impartida por personas con discapacidad, y de colaborar con los medios de comunicación principales en vez de optar por una programación distinta; la falta de oportunidades para las minorías étnicas; la necesidad de presentar el enfoque integral adoptado en la Convención, a fin de reflejar la diversidad; una mayor toma de conciencia sobre la mutilación genital femenina, la explotación, la brujería y las acusaciones de posesión; la necesidad de indicadores fiables para la investigación, incluidos los indicadores de calidad de vida; la necesidad de obtener que los medios de comunicación difundieran una imagen adecuada de la discapacidad; la creación de plataformas para la participación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación; la concienciación sobre el pleno disfrute de la capacidad jurídica; y la eliminación de las barreras que impiden el acceso a las personas sordas o con deficiencias auditivas a los medios de comunicación y los productos de la industria del espectáculo.
20. En su respuesta, la Sra. Shin subrayó la necesidad de profundizar la investigación y la comprensión de la discapacidad, y especialmente de estar en contacto con diversas perspectivas desde una edad temprana mediante la relación humana. Las personas con discapacidad debían estar representadas en las asambleas nacionales. La Sra. Lawson propuso la realización de investigaciones sobre la calidad de vida que, sin embargo, no deberían basarse en las propias percepciones. Los investigadores debían difundir ampliamente los resultados y colaborar con los patrocinadores para promover la inclusión y la diversidad. La Sra. González señaló la necesidad de investigación para explicar la violencia y la trata de mujeres con discapacidad. Los periodistas, políticos y otras personas no debían utilizar un lenguaje inadecuado con respecto a las personas con discapacidad.

C. La accesibilidad y la no discriminación: que nadie quede a la zaga
21. La Sra. Pratima Gurung, representante de la sección de Asia de la Red Mundial de Personas Indígenas con Discapacidad, afirmó que los indígenas con discapacidad se enfrentaban a múltiples formas de segregación y discriminación, resultantes de valores y prácticas consuetudinarias, actitudes hacia la discapacidad basadas en el origen étnico y servicios inadecuados. La falta de comprensión del contexto cultural y la dinámica de la comunidad agravaba su exclusión. No se informaba de los efectos de esa situación y rara vez eran objeto de debate. Las privaciones sociales, la insuficiencia de las políticas de servicios y las condiciones de vida difíciles que experimentaban las personas con discapacidad habían afianzado los ciclos de pobreza. No era viable un enfoque único para resolver los problemas de accesibilidad de las personas indígenas con discapacidad; por el contrario, era preciso aplicar un enfoque participativo que tuviera en cuenta las diferencias de aspiraciones, contextos sociales y preferencias culturales.
22. El Sr. Alejandro Marzo Peña, Director de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, describió el plan de acción nacional de Cuba para las personas con discapacidad, que se centraba en la sociedad civil en el marco de la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los sistemas de educación y atención de salud eran gratuitos y universales. La ley de seguridad social beneficiaba a las personas con discapacidad. El derecho al trabajo sin discriminación estaba garantizado. Cuba había puesto en marcha programas de concienciación, con la participación de los interesados, que se centraban en la erradicación de todas las barreras. Se habían tomado medidas para mejorar la accesibilidad, incluida la utilización de intérpretes de lengua de señas, el braille y la tecnología para facilitar el acceso a la información. Cuba estaba trabajando en un sistema de educación inclusiva que incluiría a los docentes, las familias y la comunidad en el proceso de desarrollo transformador de las personas.
23. La Sra. Silvia Perel-Levin, representante de International Longevity Center Global Alliance, afirmó que las actitudes discriminatorias por motivos de edad habían obstaculizado el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual se hacía patente en la insuficiencia de los planes de pensiones, la falta de acceso a servicios de atención de salud preventiva o de rehabilitación y los tratamientos tardíos, inadecuados o poco dignos para las personas de edad. Los límites de edad para las prestaciones de discapacidad impedían a esas personas solicitar protección en virtud de la Convención. Entre las dificultades figuraban la falta de legislación, supervisión, normas de calidad adecuadas y cuidadores cualificados. Sin embargo, las referencias específicas a las personas de edad eran poco frecuentes en los tratados de derechos humanos. Los Estados debían reconocer la discriminación a la que se enfrentaban las personas de edad, incluir a estas personas en las consultas y garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos que les reconocía la Convención, a lo largo de toda la vida. El Comité debería considerar la posibilidad de aprobar una observación general sobre los derechos de las personas de edad con discapacidad.
24. La Sra. Dena Ahmed Saif Al-Thani, profesora auxiliar de la Universidad de Hamad Bin Khalifa, señaló la necesidad de interfaces informáticos accesibles. Conceptos como el “diseño inclusivo” y la “usabilidad universal” hacían hincapié en el papel de los usuarios potenciales en el desarrollo de sistemas informáticos y fomentaban una tendencia creciente a la inclusión de usuarios con discapacidad en los estudios de usabilidad y en la evaluación de la conformidad con las normas relacionadas con la discapacidad. La investigación inclusiva había abordado un desfase en la tecnología de asistencia mediante el apoyo a la colaboración de las personas con discapacidad visual con sus colegas. Los resultados de la investigación eran recomendaciones sobre diseño de programas informáticos que respaldarían la colaboración y la búsqueda transmodal de información desde la base. Un concepto de diseño centrado en el usuario era fundamental a la hora de desarrollar interfaces complejas con múltiples modalidades.
25. Durante el diálogo, hicieron uso de la palabra representantes del Brasil, el Pakistán, la Asociación de Salud Mental de Indonesia, la Association of World Citizens, Dementia Alliance International, la Epidemic of Knowledge Campaign, la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, el Foro del Pacífico sobre la Discapacidad, Inclusion International, la Red Europea de Vida Independiente y la Unión Mundial de Ciegos. Los oradores acogieron con beneplácito el Tratado de Marrakech y destacaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los artículos de la Convención relativos a la comunidad de personas con autismo. Se abordaron además otros temas, como las normas de accesibilidad durante las emergencias humanitarias y los desastres naturales; la necesidad de un tratado mundial sobre los derechos de las personas de edad; los estudios sociológicos y médicos sobre la demencia; la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo; un modelo social inclusivo de la discapacidad psicosocial; y la accesibilidad universal en las sociedades, incluida la accesibilidad del transporte.
26. La Sra. Gurung destacó las distintas formas de accesibilidad con respecto a los tipos de deficiencias. Era importante que los titulares de derechos plantearan el carácter complejo y delicado de la discapacidad en el debate. El Sr. Marzo Peña subrayó la necesidad de aumentar la participación y la accesibilidad para las personas con discapacidad, abordando cuestiones tales como la educación y el empleo. La Sra. Perel-Levin reconoció que el Comité había tomado nota de la existencia de la discriminación por motivos de discapacidad y edad, tanto por separado como combinados; una convención sobre la protección de los derechos de las personas de edad abordaría esta cuestión. La Sra. Al-Thani destacó la importancia de desarrollar los conocimientos en el mundo académico y el sector de desarrollo de sitios web, y de promover la colaboración entre todos los interesados para asegurar que se aplicasen las normas.

D. Fortalecimiento de la igualdad y medidas específicas
27. La Sra. Lidia Pretorius, Directora Jefa para los derechos de las personas con discapacidad del Departamento de Desarrollo Social de Sudáfrica, señaló que la Constitución de Sudáfrica garantizaba la igualdad y describió una serie de medidas adoptadas para lograrla. El primer nivel de medidas tenía por objetivo asegurar que las personas con discapacidad tuvieran un acceso equitativo a los servicios, los fondos procedentes del gasto público y las oportunidades. El segundo buscaba asegurar el acceso a los ajustes apropiados. El tercero se centraba en medidas de acción afirmativa para dar reparación y establecer condiciones equitativas. El cuarto nivel tenía por finalidad reembolsar a las personas con discapacidad y sus familiares por gastos relacionados con la discapacidad. La política nacional en materia de discapacidad se centraba en apuntalar los sistemas de gobernanza y administración con medidas destinadas a promover resultados equitativos, por ejemplo, dando prioridad a las organizaciones y los grupos de personas con discapacidad insuficientemente representados en el acceso a la financiación estatal, y desarrollando un índice de desigualdad por discapacidad.
28. La Sra. Ana Lucía Arellano, Presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, dijo que América Latina había conseguido grandes logros en diversos ámbitos. Había programas de inclusión laboral, que preveían cuotas de empleo, entre otras cosas, y políticas en materia de redes, apoyo, ajustes razonables y accesibilidad de la web y los medios de comunicación. Se habían realizado encuestas sobre discapacidad y desarrollado metodologías para planes de acceso universal y vivienda pública. Las personas con discapacidad intelectual podían ejercer su capacidad jurídica en algunas jurisdicciones.
A pesar del gran número de ratificaciones del Tratado de Marrakech, seguía habiendo dificultades. Las organizaciones de personas con discapacidad debían participar en los sistemas nacionales de supervisión y se necesitaba un sistema de apoyo comunitario para aumentar las oportunidades educativas y laborales de las personas con discapacidad.
29. La Sra. Esther Kyozira, representante de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad de Uganda, dio ejemplos de políticas de discapacidad adoptadas en ese país. Los programas estatales preveían medidas de acción afirmativa y de igualdad a favor de las mujeres y los estudiantes con discapacidad. Cinco escaños en el Parlamento y dos puestos en las administraciones locales estaban reservados para personas con discapacidad. Los protectores solares estaban exentos de impuestos para las personas con albinismo y había una subvención para personas con discapacidad en la pequeña empresa. El Consejo Nacional de la Discapacidad supervisaba el cumplimiento, la Comisión de Igualdad de Oportunidades se ocupaba de tramitar las denuncias y garantizar el acceso en condiciones de igualdad, y la Comisión de Derechos Humanos de Uganda supervisaba la aplicación de la Convención. Seguía habiendo problemas en relación con la prestación de servicios, la participación, las asignaciones presupuestarias y la formación. Las organizaciones de personas con discapacidad abogaban por una política de educación inclusiva, directrices para los funcionarios judiciales y normas de accesibilidad para los edificios.
30. Hicieron uso de la palabra los representantes de la Arabia Saudita, el Pakistán, la República Bolivariana de Venezuela, la Federación Internacional de Personas con Problemas Auditivos, la Federación Mundial de Sordos, Include Me Too, la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, la Red Regional por la Educación Inclusiva – Latinoamérica, la Televisión Pública Argentina, Transforming Communities for Inclusion Asia y World of Inclusion. Los oradores se refirieron, entre otras cuestiones, a los ajustes razonables en la educación; la insuficiente representación de determinados grupos en la vida pública; el acceso a los mercados, la educación, los medios de comunicación, el transporte y los viajes; los sistemas comunitarios; la función de los comités para las personas con discapacidad; el apoyo a la maternidad; la efectividad de los derechos en el marco de las medidas de austeridad; y la situación de las personas con discapacidad en las cárceles y los establecimientos psiquiátricos. Los oradores abogaron por la desinstitucionalización e insistieron en la necesidad de analizar por separado la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual, promover el diálogo con los empleadores, evaluar y supervisar la aplicación de la Convención, y adoptar una taxonomía de las discapacidades normalizada a nivel internacional.
31. La Sra. Pretorius manifestó que debía entenderse que los ajustes razonables eran dinámicos y dependían del contexto, y que no debía imponerse la asistencia personal. Era necesario superar el obstáculo del costo de la tecnología de punta y aumentar el acceso a los sistemas de información y supervisión de datos estadísticos. La Sra. Arellano señaló que, si bien la tecnología estaba disponible en todo el mundo, no todos los países podían acceder a ella. Era necesario empoderar a los jóvenes y elaborar estrategias mundiales para fomentar la capacidad de la sociedad civil y crear espacios de diálogo. La Sra. Kyozira señaló que los ajustes razonables debían estar previstos por la ley en Uganda. Se debía empoderar debidamente a las personas con discapacidad proporcionándoles acceso a la información, la tecnología y la ayuda del Estado.

E. Participación efectiva y empoderamiento
32. El Sr. Robert Martin, representante de People First New Zeland, comunicó que el Gobierno de Nueva Zelandia colaboraba con organizaciones de personas con discapacidad para aplicar el artículo 4, párrafo 3, de la Convención, y elaborar un plan de acción nacional de discapacidad. Estas organizaciones ayudaban a incorporar las cuestiones relativas a las personas con discapacidad en el programa de políticas públicas. Un proyecto había mejorado los resultados en materia de salud de las personas con discapacidades de aprendizaje. El orador describió una serie de ajustes razonables que permitían que estas personas defendieran sus propios intereses y participaran de manera efectiva. Para lograr esa participación era preciso garantizar el acceso a las reuniones y a la información y, durante las reuniones, a un auxiliar. Las reuniones accesibles debían ser inclusivas y desarrollarse a un ritmo adecuado, tener recesos periódicos y emplear un lenguaje sencillo, con nombres completos en vez de siglas. Los auxiliares de reuniones, debidamente capacitados, aumentaban el tamaño de la letra de la información, estudiaban los documentos de la reunión con antelación y facilitaban las explicaciones que fueran necesarias, entre otras tareas.
33. La Sra. Gerel Dondovdorj, Presidenta de la Federación Nacional de Ciegos de Mongolia, dijo que las personas con discapacidad debían participar en los procesos de adopción de decisiones. En Mongolia, las organizaciones de personas con discapacidad habían promovido activamente la creación de consejos de políticas de discapacidad dentro de los ministerios nacionales y en la ciudad de Ulaanbaatar. Estas organizaciones habían participado activamente en la elaboración de leyes sobre los derechos de las personas con discapacidad enunciados en la Convención y habían presentado informes por escrito al Comité. Las personas con discapacidad que vivían en las zonas rurales tenían dificultades para participar. Los vaivenes de la coyuntura política habían propiciado la designación de funcionarios que no poseían un conocimiento adecuado sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se debía proporcionar asistencia técnica a todas las partes interesadas sobre cuestiones como el conocimiento de las buenas prácticas, el análisis comparativo de políticas, las directrices relativas a la capacitación y la formación de capacitadores sobre los principios de la Convención.
34. El Sr. Pascal Benga Tonangoye, juez del Tribunal de Cuentas del Gabón, dijo que las leyes de su país apenas abordaban la cuestión de la discapacidad y que la inclusión seguía existiendo únicamente sobre el papel. La educación era gratuita y obligatoria, pero tres de cada cuatro niños con discapacidad no sabían leer ni escribir. Había una escuela para niños con problemas auditivos, pero esta carecía de infraestructura. El acceso a la atención de la salud era caro, no había servicios de asistencia física y el tratamiento de las personas con discapacidad era insuficiente, así como las estadísticas sobre ellas. No había conocimiento sobre la aplicación del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas), 1983 (núm. 159) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y había pocas personas con discapacidad en la función pública. Las personas con discapacidad no podían recurrir a la vía judicial en ciertos casos de discriminación, y se necesitaba acceso al braille y la lengua de señas.
35. El Sr. Khalid Al Nuaimi, Presidente de la Unión Árabe de Personas Ciegas, manifestó que había un déficit de infraestructura y de políticas para atender las necesidades de las personas con deficiencia visual en el Medio Oriente. Exhortó a ampliar el diálogo y la participación. La Unión Árabe de Personas Ciegas había organizado talleres sobre cuestiones sociales, culturales y jurídicas. Había otorgado subvenciones para intervenciones oftalmológicas en países de escasos recursos, fomentado la movilidad peatonal y fundado centros de formación y rehabilitación. Había prestado apoyo para la traducción de leyes al braille, facilitado el acceso a los servicios bancarios por Internet y realizado estudios sobre la forma de ampliar las oportunidades de empleo para las personas con deficiencia visual. Era necesario aumentar la conciencia de las dificultades que enfrentaban las personas con deficiencia visual, contar con estadísticas precisas sobre la naturaleza de las discapacidades visuales, e impartir formación a los profesionales.
36. Durante el diálogo, hicieron uso de la palabra los representantes del Brasil, Down Syndrome International, la Epidemic of Knowledge Campaign, la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, Include Me Too, Inclusion International, la Red Mundial de Personas Indígenas con Discapacidad, la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, la Unión Mundial de Ciegos y World of Inclusion. Los oradores abordaron, entre otras, las cuestiones siguientes: la accesibilidad como un derecho humano fundamental; el artículo 29 de la Convención sobre el derecho a voto y las leyes relativas a la tutela; el acoso y el hostigamiento de que eran víctimas los niños con discapacidad; la necesidad de un acceso de calidad a la información; la participación de los jóvenes en la toma de decisiones; el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el logro de una participación igualitaria; el desarrollo de aptitudes para aumentar la participación; la información sobre campañas políticas, textos educativos e información médica; la reestructuración de los métodos de recopilación de datos y estadísticas fiables; la vulnerabilidad de las personas indígenas en el contexto del cambio climático; la participación y el empoderamiento de los familiares de personas con discapacidad.
37. En su respuesta, el Sr. Al Nuaimi señaló que las personas con discapacidad tenían mayores ambiciones y podían conseguir más de lo que ya habían logrado. Las organizaciones internacionales debían adoptar medidas prácticas y hacer evaluaciones precisas de los progresos. La Sra. Dondovdorj convino en que las medidas deberían permitir una mayor participación de los jóvenes con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones, e instó a los Estados a que ratificaran el Tratado de Marrakech. El Sr. Tonangoye hizo hincapié en la necesidad de que se tuvieran en cuenta todas las disposiciones de la Convención a lo largo de toda la vida de las personas con discapacidad. Instó a la comunidad internacional a que apoyara la participación y la inclusión de todos. El Sr. Martin señaló que la función de las organizaciones locales era informar a la población acerca de sus derechos y sobre la forma de hacerse oír. Destacó la importancia del derecho a la educación de las personas con discapacidades de aprendizaje.

F. Hacer que el desarrollo sea inclusivo
38. La Sra. Judith E. Heumann, Asesora Especial Internacional para los derechos de las personas con discapacidad del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, reafirmó en un mensaje de vídeo el compromiso de los Estados Unidos de América de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planos nacional e internacional velando por la inclusión de las personas con discapacidad. El Gobierno de los Estados Unidos apoyaba iniciativas específicas sobre discapacidad para atender necesidades concretas e integrar la discapacidad de una manera más amplia. El Departamento de Estado promovía la participación de las personas con discapacidad y la inclusión de cuestiones relacionadas con la discapacidad en los programas; mantenía diálogos con otros países sobre la educación inclusiva; prestaba asistencia técnica a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; y colaboraba con organizaciones locales de personas con discapacidad para promover la aplicación efectiva de la Convención, en particular, mediante la inclusión de los alumnos con discapacidades de aprendizaje en los programas educativos.
39. El Sr. Michael Njenga, miembro del consejo de la Red Panafricana de Personas con Discapacidad Psicosocial, opinó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible habían redefinido la percepción de los gobiernos sobre las personas con discapacidad. La Convención representaba un cambio de paradigma en esa materia. No obstante, la falta de datos estadísticos consistentes sobre la discapacidad limitaba los programas de desarrollo inclusivo. El Gobierno de Kenya había elaborado un plan nacional de aplicación que preveía, entre otras cosas, actividades de promoción y concienciación, la realización de un censo de los interesados para recabar su participación, medidas de integración y mecanismos de seguimiento y evaluación. Era necesario que las personas con discapacidad tuvieran representación y participaran en las instituciones encargadas de la aplicación; que se elaboraran medidas para considerar sistemáticamente las cuestiones relacionadas con la discapacidad; que se fomentara la capacidad de promoción de las organizaciones de personas con discapacidad; y que aumentara la cooperación internacional, en particular la financiación de esas organizaciones.
40. La Sra. Priscille Geiser, Presidenta del International Disability and Development Consortium, dio cuenta de la labor del Consorcio en las negociaciones de la Convención, que había consistido en gestiones a favor de una mayor participación y la introducción de un artículo sobre la cooperación internacional. Los miembros del Consorcio trabajaban para incorporar la discapacidad en las políticas y abogaban por que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad. A nivel nacional, prestaban asistencia técnica a Estados miembros, proveedores de servicios y organizaciones de personas con discapacidad; la participación y el asesoramiento de esas organizaciones eran cruciales para lograr un desarrollo que incluyera a las personas con discapacidad. Los países donantes aún debían integrar los derechos de las personas con discapacidad, hacer cumplir las políticas en todos los niveles, desde la sede a las oficinas sobre el terreno, y supervisar los gastos en materia de cooperación internacional. El desglose de datos mediante instrumentos comparables era una prioridad para detectar problemas y adoptar medidas al respecto.
41. La Sra. Rosangela Berman-Bieler, Asesora sobre Niños con Discapacidad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló que el estigma asociado a la discapacidad y las barreras del entorno hacían que los niños con discapacidad tuvieran más dificultades para asistir a la escuela, acceder a la atención de la salud y participar plenamente. Los niños con discapacidad se veían excluidos de la fuerza de trabajo, lo que perpetuaba los ciclos de pobreza y afectaba a sus familias, sobre todo a las niñas, que no iban a la escuela porque tenían que ocuparse de sus familiares con discapacidad. Era importante asegurar un desglose transversal de los datos sobre la discapacidad. Los países debían supervisar y comunicar los progresos realizados en materia de educación inclusiva, en particular, la accesibilidad de las instalaciones y los materiales educativos.
42. Durante el diálogo, hicieron uso de la palabra los representantes de Asia Pacific Women with Disabilities, la Asociación de Salud Mental de Indonesia, la Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Dementia Alliance International, la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra, Foschiani Asociados, Include Me Too, Movimento Down, la Red Italiana de Discapacidad y Desarrollo, la Red Mundial de Personas Indígenas con Discapacidad, la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, Sense International, la Unión Mundial de Ciegos y World of Inclusion. Los participantes recomendaron que se adoptaran estrategias internacionales de educación inclusiva para las personas afectadas por la lepra. Abordaron los temas siguientes: planes de acción sobre discapacidad y desarrollo; modelos educativos contextualizados para aplicar el artículo 24 de la Convención; acceso a los materiales educativos; acceso a recursos técnicos y financieros para el empoderamiento; la aplicación de la Convención a nivel local; las sinergias entre la Convención y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; la exclusión de las personas con discapacidad psicosocial de los programas de reclutamiento; y la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas privadas.
43. En respuesta, la Sra. Berman-Bieler informó de que el UNICEF estaba desarrollando un formato de libros de texto para niños con discapacidad basado en el diseño universal, y una serie de módulos sobre salud mental. Destacó la importancia del desarrollo sostenible e inclusivo para abordar las cuestiones interseccionales. La Sra. Geiser abogó por recursos suficientes y enfoques coordinados para atender las necesidades de los grupos más afectados por la discriminación. El Sr. Njenga insistió en que se adoptara un enfoque más amplio, que fuera más allá de los modelos médicos de la discapacidad. Destacó la importancia de aprender de las experiencias de los países y colaborar con las instituciones nacionales de derechos humanos.

G. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas
44. La Sra. Malena Pineda Ángeles, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, dijo que la Defensoría había impulsado reformas del Código Civil para eliminar la figura de la interdicción y reforzar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La Defensoría promovía la formación profesional para poner fin a los prejuicios sociales, la invisibilidad y la vulnerabilidad, y fomentaba la adopción de un enfoque de derechos humanos respecto de la participación pública, la libertad de opinión y expresión, la salud mental, el consentimiento informado para los tratamientos, el acceso a los seguros de salud, la salud reproductiva, la abolición de los internamientos forzados y el acceso a la justicia, en particular por parte de las personas declaradas no aptas para ser juzgadas. Se priorizaba la educación inclusiva y el apoyo pedagógico. La Defensoría fortalecería su estructura y sus recursos y estrecharía su colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad.
45. El Sr. Alastair McEwin, Comisionado para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, manifestó que la Ley contra la Discriminación por Discapacidad tenía por objetivo eliminar la discriminación de las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de derechos ante la ley. La Comisión investigaba denuncias y resolvía conflictos por discriminación, y podía establecer normas sobre discapacidad, lo cual ayudaba a familiarizar a la comunidad con la legislación contra la discriminación y las prácticas de accesibilidad, como el subtitulado en la televisión. La Comisión también examinaba y proponía leyes, identificaba tendencias y publicaba directrices de compatibilidad con los derechos humanos. Investigaba los obstáculos al empleo de los ancianos y las personas con discapacidad, entre otras cuestiones, y promovía la instauración de un plan nacional de seguro de discapacidad.
46. La Sra. Godliver Omondi, senadora de Kenya, dijo que los parlamentos eran partícipes activos pues intervenían en la asignación de recursos presupuestarios y la supervisión de la aplicación de la Convención en todos los ámbitos. Podían crear instituciones y exigirles cuentas. Las leyes debían garantizar la igualdad, los derechos de toda persona en materia de tierras, propiedad y sucesión, y el acceso a la atención de la salud, el transporte y la infraestructura de información. Kenya procuraba obtener la participación de los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad en todas las esferas mediante medidas de acción afirmativa. No obstante, las políticas públicas no habían conseguido los resultados deseados debido a la mala gestión de los recursos y la incapacidad para supervisar de cerca la aplicación. Los parlamentos debían asegurar la continuidad de las tareas de seguimiento y evaluación para realizar los cambios oportunos y necesarios.
47. El Sr. Geir Jensen, Presidente de la World Federation of the Deafblind, recordó que la función de los titulares de derechos en la supervisión de la aplicación de la Convención se veía reforzada por el principio de la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad y por las obligaciones generales de los Estados partes de consultar y hacer participar a esas personas y sus organizaciones en los procesos de adopción de decisiones. La Alianza Internacional de la Discapacidad y sus asociados habían reforzado la capacidad de esas organizaciones en varios países para aumentar su participación en los procesos legislativos, los análisis presupuestarios y las disposiciones institucionales, lo cual había fortalecido la capacidad de los mecanismos de las Naciones Unidas. Se necesitaba una mayor comprensión de los mandatos y los métodos de trabajo de las Naciones Unidas, así como la plena inclusión de los grupos insuficientemente representados, en particular, las personas con autismo, sordoceguera, y discapacidad intelectual.
48. Hicieron uso de la palabra los representantes del Perú, México, la Association of World Citizens, International-Lawyers.Org, Dementia Alliance International, la Federación de Personas con Discapacidad del Níger, Transforming Communities for Inclusion Asia y la Federación Mundial de Sordos. Los oradores se refirieron, entre otras cuestiones, a la responsabilidad de los Estados; la falta de recursos estatales para la recopilación de datos estadísticos; la colaboración entre Estados en materia de ayuda y asistencia educativas; la capacidad jurídica; la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas africanas anglófonas o francófonas; la incapacidad de los Estados para incluir plenamente a las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación de la aplicación de la Convención; la inclusión de la lengua de señas en la legislación; y el papel de la sociedad civil y las personas con discapacidad en la medición de la aplicación de la Convención.
49. En sus observaciones finales, la Sra. Pineda Ángeles señaló la importancia de la coordinación entre los defensores de derechos y con los gobiernos para promover los derechos de todas las personas con discapacidad, y destacó los beneficios añadidos de los informes sobre cuestiones fundamentales. El Sr. McEwin hizo hincapié en la colaboración con la sociedad civil para asegurar que se adopte un enfoque participativo e inclusivo en la planificación y la aplicación de las leyes. La Senadora Omondi dio cuenta de experiencias de Kenya sobre la representación y la participación de las personas con discapacidad en los procesos políticos, como los programas de las comisiones que se ocupan de cuestiones relativas a las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados. El Sr. Jensen observó que un servicio público de guías-intérpretes facilitaría la comunicación entre las personas sordociegas, las autoridades y la sociedad en general.

H. Mesa redonda: fundamentar las políticas
50. La Sra. Bhargavi Davar, representante de Transforming Communities for Inclusion Asia, dijo que las políticas y las investigaciones debían tener en cuenta las experiencias y las voces de las personas, en especial las de las personas marginadas por la exclusión y la discriminación múltiple. Las descripciones autoetnográficas a menudo desacreditaban a las personas e invisibilizaban sus experiencias. Las leyes relativas a la incapacidad negaban a las mujeres con discapacidad la condición de personas de pleno derecho. Al negarle la voz a alguien o no reconocer su condición de persona de pleno derecho, se abría la puerta al maltrato, la violencia, la explotación, el internamiento forzado y otras ignominias. La investigación sobre políticas debía basarse en valores y prácticas, para demostrar que la no discriminación era interseccional y entrañaba múltiples niveles. El consentimiento informado para la investigación debía ser una práctica ineludible y una obligación legal, y debía prever una estricta reglamentación de los psicofármacos, las prácticas médicas invasivas y los ensayos clínicos.
51. El Sr. Alberto Vásquez Encalada, coordinador de investigaciones de la Oficina del Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, se refirió a las deficiencias en la recopilación de datos sobre los derechos, los servicios, el costo de la discapacidad y las buenas prácticas. Las investigaciones empíricas cuantitativas y cualitativas debían sustituir la evidencia de casos puntuales para mejorar la comprensión de las prácticas óptimas en diferentes ámbitos, como la determinación de la discapacidad y las intervenciones comunitarias inclusivas. Las investigaciones sobre discapacidad debían seguir el enfoque participativo y basado en los derechos humanos plasmado en la Convención, contar con la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones, reconocer e integrar a las personas con discapacidad como titulares de derechos, y respetar y proteger la voluntad, la diversidad y las preferencias de los interesados.
52. La Sra. Yvette Maker, representante de la Iniciativa de Investigación sobre la Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, afirmó que la labor de investigación era fundamental para un proceso de formulación de políticas bien fundado, válido, transparente y eficaz. Irlanda se había basado en investigaciones para elaborar un proyecto de ley sobre la adopción de decisiones, y diversos estados australianos estaban revisando las leyes de tutela sobre la base de las observaciones de los defensores de las personas con discapacidad y los resultados de estudios de investigación. Para compensar los déficits en materia de información, indicadores de cumplimiento e identificación de buenas prácticas, y fomentar la capacidad de investigación, los proveedores de financiación debían apoyar los proyectos de investigación sobre la discapacidad y a los investigadores con discapacidad. Los programas de investigación debían reflejar las prioridades de las organizaciones de personas con discapacidad, el proceso debía ser accesible y participativo, y los productos de la investigación debían ser ampliamente accesibles y promover los derechos enunciados en la Convención.
53. Los representantes de España, la República Bolivariana de Venezuela, la Federación de Personas con Discapacidad del Níger, la Federación Nacional de Ciegos de Mongolia, el Foro sobre Discapacidad de la ASEAN, People First New Zeland y World of Inclusion, se refirieron, entre otras cuestiones, a la verdadera inclusión de las personas con discapacidad y la incorporación de la investigación sobre ese grupo de personas en las prácticas y las políticas públicas y comerciales; el derecho a una educación inclusiva; los retos que afrontaban las mujeres con discapacidad; la investigación sobre los sistemas de justicia; las políticas públicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad; la necesidad de datos precisos y fiables sobre la situación de esas personas y una financiación suficiente para hacer estudios y censos; y la importancia de la colaboración y la solidaridad dentro de los países y entre ellos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
54. En su respuesta, la Sra. Davar señaló que los modelos de derechos humanos debían sustituir los obsoletos modelos médicos como base para la investigación. Destacó una serie de deficiencias, en particular la necesidad de una mayor colaboración entre el mundo académico y la sociedad civil en la labor de investigación. El Sr. Vásquez Encalada dijo que hacían falta marcos sólidos para facilitar los procesos de investigación participativa y llamó a fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y las instituciones de investigación en la recopilación y la utilización de los datos. La Sra. Maker se refirió a la investigación participativa como medio para evitar representaciones erróneas en las políticas de base empírica y destacó la importancia de realizar investigaciones de buena calidad para ayudar a los sistemas de justicia. Dijo que era fundamental contar con financiación suficiente y adoptar enfoques colaborativos en la investigación.

I. Hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad
55. La Sra. Theresia Degener, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observó que casi 30 Estados todavía no habían firmado la Convención y que algunos Estados partes podrían aplicarla mejor si retiraran sus reservas o sus declaraciones. Los interesados debían procurar entender y promover un modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos, según el cual nadie puede adquirir o perder un derecho por sus características personales, y abandonar el modelo médico de la discapacidad. Los gobiernos y las organizaciones de personas con discapacidad debían aplicar las recomendaciones del Comité, entre ellas la de designar a las instituciones nacionales de derechos humanos como mecanismos independientes de vigilancia. Las organizaciones de personas con discapacidad podían traducir esas recomendaciones en planes de acción nacional viables. La oradora se felicitó de los esfuerzos realizados a nivel nacional por esclarecer ciertos aspectos de la Convención y, en particular, por demostrar que privar a las personas con discapacidad de sus derechos atentaba contra sus derechos constitucionales.
56. La Sra. Roseane Cavalcante de Freitas Estrela, Secretaria Nacional para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Brasil, dijo que en el Brasil la Convención tenía rango constitucional y que se habían hecho cambios normativos para facilitar su aplicación. El Brasil tenía una propuesta de plan para el desarrollo de tecnología de apoyo y un enfoque horizontal para adoptar una perspectiva sistémica con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno procuraba integrar esa labor en la Agenda 2030, en colaboración con la sociedad civil y otros Estados. Cerca de 2,6 millones de personas con discapacidad recibían subsidios y se habían introducido mejoras en lo relativo a la educación, la disponibilidad de tecnologías y recursos tecnológicos, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades.
57. La Sra. Yeni Rosa Damayanti, Presidenta de la Asociación de Salud Mental de Indonesia, dijo que cientos de miles de personas con discapacidades psicosociales se habían visto encarceladas en establecimientos sociales y médicos y obligadas a someterse a un tratamiento médico. Las reglamentaciones nacionales y locales debían ajustarse a la Convención. Una serie de obstáculos dificultaban esa armonización, por ejemplo la renuencia a considerar los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos, el desconocimiento de la Convención por parte de las autoridades y la insuficiente formación de las asociaciones de defensa de las personas con discapacidad. La Sra. Damayanti dijo que los derechos de estas personas debían incluirse en la labor de movimientos sociales más amplios, como los que se ocupaban de la defensa de los trabajadores, la prestación de asistencia jurídica gratuita, los derechos de los agricultores, los derechos de la mujer, cuestiones ambientales, cuestiones urbanas y lucha contra la corrupción, y debían reconocerse como cuestión transversal que interesaba a todos los sectores de la sociedad civil.
58. Intervinieron en el diálogo representantes del Brasil, la Federación de Rusia, el Gabón, Indonesia, Qatar, Serbia, Alliance Defending Freedom International, la Federación de Personas con Discapacidad del Níger, la Red Europea de Vida Independiente, Sense International, la Unión Europea de Sordos y World of Inclusion. Los oradores abordaron los temas siguientes: la necesidad de que hubiera cooperación entre las organizaciones de personas con discapacidad y de que las empresas y otras partes interesadas respetaran los derechos humanos; la igualdad de derechos para las personas con discapacidad en todos los foros; la racionalización de la cooperación internacional para hacer efectivo el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención; la necesidad de que el Comité aclarara la terminología utilizada en la Convención; la rendición de cuentas por los Estados partes en la Convención; el carácter discriminatorio de los análisis practicados durante el embarazo para detectar enfermedades genéticas y ofrecer elecciones en materia de procreación a los progenitores; y la igualdad de las penas y las prácticas excluyentes en los sistemas de justicia.
59. En conclusión, la Sra. Cavalcante de Freitas Estrela destacó la contribución de los comités de vigilancia a la promoción del ejercicio efectivo de los derechos a nivel local y nacional, y dijo que en el Brasil, la labor en favor de la sostenibilidad ambiental había tenido en cuenta las cuestiones de la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. La Sra. Degener observó que las obligaciones legales se aplicaban a todos por igual en lo que respectaba al ejercicio efectivo de los derechos y a las responsabilidades. Las medidas de prevención basadas en el modelo médico de la discapacidad no se ajustaban a la Convención y las personas con discapacidad debían convertirse en agentes del cambio social. La Sra. Damayanti abogó por la adopción de un modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos, en lugar del internamiento y el tratamiento con fármacos nocivos.

J. El futuro que queremos – Primera parte
60. La Sra. Ruth Ssekindi, Directora de Quejas e Investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, dijo que persistían obstáculos, como las actitudes negativas y la falta de datos desglosados sobre las cuestiones relativas a las personas con discapacidad. Era preciso emprender una revisión completa de los marcos normativos con participación inclusiva, siguiendo un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos. También se necesitaban indicadores sobre la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones y el establecimiento de las normas y medidas de accesibilidad en todos los sectores, de conformidad con lo previsto en la Convención. Era preciso reforzar la acción de la justicia en las esferas en que la jurisprudencia era insuficiente. Las instituciones nacionales de derechos humanos debían incorporar los derechos de las personas con discapacidad en su labor y todas las partes interesadas debían aprovechar las oportunidades de colaborar y dialogar más estrechamente. Esos esfuerzos debían apoyarse con los recursos suficientes.
61. La Sra. Patricia Almeida, fundadora de la Alianza Mundial para la Representación de las Personas con Discapacidad en los Medios y la Industria del Espectáculo, dijo que los medios de comunicación podían ayudar a transformar las opiniones dominantes sobre la discapacidad y estimular una cultura de aceptación, no discriminación e inclusión. Los Estados debían adoptar medidas concretas para cumplir su obligación de velar por que los medios respetaran lo dispuesto en la Convención. Al incluir a las personas con discapacidad en los medios de comunicación se contribuiría a resolver varios problemas, en particular porque de ese modo se educaría al personal de los medios sobre sus derechos y las vulneraciones de estos, la omnipresencia de los estereotipos y la necesidad de crear sistemas accesibles. La creación de medios de comunicación públicos y privados especializados en que hubiera personas con discapacidad entre los comunicadores contribuiría al ejercicio efectivo de los derechos de esas personas.
62. La Sra. Kirstin Lange, Presidenta del Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abogó por que se adoptara un enfoque coordinado para las personas con discapacidad participaran de pleno derecho en los procesos humanitarios y de desarrollo. La labor de fomento de la capacidad realizada por las organizaciones debía prever mecanismos adecuados para promover la inclusión en todas las esferas del desarrollo. En los acuerdos de cooperación internacional debían preverse medidas como la introducción de marcadores de la discapacidad, la asignación de partidas presupuestarias a la planificación de programas humanitarios y de desarrollo, el establecimiento de sistemas de recopilación de datos y mecanismos de evaluación de los avances conseguidos y la prestación de apoyo a las partes interesadas en la elaboración de directrices sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención. Por último, en lo relativo a los programas, era importante tener en cuenta ante todo la diversidad de las personas con discapacidad y la discriminación interseccional.
63. El Sr. Stefan Trömel, Especialista en Cuestiones de Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reseñó las medidas adoptadas para acercar a las empresas y las iniciativas de inclusión de las personas con discapacidad; el intercambio de experiencias entre empresas era una buena forma de promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo de la empresa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible daban la oportunidad de incorporar los derechos de las personas con discapacidad en el sector privado demostrando que pasar por alto a estas personas era perjudicial para las propias empresas. La OIT prestaba apoyo a las redes nacionales de empresas y asociaciones de defensa de las personas con discapacidad y alentaba a los medios a difundir información sobre las prácticas positivas. El sector público debía fomentar el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos también promovían la incorporación de los derechos humanos en los proyectos del sector privado.
64. En el diálogo que tuvo lugar a continuación intervinieron representantes de la Argentina, el Brasil, el Uruguay, la Alianza Mundial para la Representación de las Personas con Discapacidad en los Medios y la Industria del Espectáculo, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, el Foro Nacional de Mujeres con Discapacidad del Pakistán Foschiani Asociados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Nacional de Personas con Discapacidad de Timor-Leste y la Red Regional por la Educación Inclusiva – Latinoamérica. Los oradores hicieron votos por que se incorporaran sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad en los programas de desarrollo y por que el sector privado cumpliera su obligación de respetar esos derechos, entre otras cosas en lo relativo al acceso a Internet. Los oradores abordaron los asuntos siguientes: la importancia de los sistemas de información y de contar con recursos suficientes para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad; las iniciativas de nivel nacional para incorporar los derechos de estas personas en los planes y medidas destinados a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; programas de formación destinados a personas con discapacidad; la función de los medios de comunicación en la representación de la diversidad humana y la aceleración del cambio social en favor de la inclusión; y las buenas prácticas en materia de cumplimiento de cupos en la administración pública.
65. En su respuesta, el Sr. Trömel señaló que los derechos eran interdependientes y estaban relacionados entre sí y dijo que era necesario ir más allá de las medidas legislativas y adoptar prácticas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo, en los medios de comunicación y en otras esferas. También reconoció las dificultades que se planteaban al intentar cubrir los cupos en la administración pública. La Sra. Almeida dijo que tanto el sector público como el sector privado debían redoblar esfuerzos por aplicar verdaderamente la Convención. La Sra. Lange destacó lo mucho que las organizaciones contribuían a la aplicación de la Convención y resaltó la necesidad de que los gobiernos rindieran cuentas.

K. El futuro que queremos – Segunda parte
66. La Sra. Abia Akram, Directora General del Foro Nacional de Mujeres con Discapacidad del Pakistán, dijo que era fundamental defender la ética de los derechos humanos y lograr que las personas con discapacidad participaran en los procesos de investigación. Los estudios recientes sobre la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos plasmada en la Convención habían influido en las políticas y las prácticas en todos los niveles. Las organizaciones de personas con discapacidad podían dirigir los debates y los procesos de adopción de decisiones sobre los temas que habían de estudiarse con carácter prioritario. Era necesario ampliar la labor de investigación sobre la discapacidad en contextos como la reducción de la pobreza, la no discriminación, la educación y la salud. Con estudios de investigación bien realizados se podría contribuir a mejorar la vida de todas las personas con discapacidad y sus comunidades. Era importante aumentar el número de investigadores sobre el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
67. El Sr. Víctor Arturo Cabrera Hidalgo, Representante Permanente Adjunto del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, afirmó que el reconocimiento de las personas con discapacidad en la Agenda 2030 enriquecía los esfuerzos desplegados por los Estados para aplicar la Convención. Destacó lo que había hecho su país tras haber ratificado la Convención para promover un enfoque basado en los derechos y lograr la participación plena de la sociedad civil. Entre los avances conseguidos por el Ecuador cabía mencionar la aprobación, en 2014, de una ley de igualdad, centrada en cinco grupos concretos, entre ellos el de las personas con discapacidad. Si bien persistían las dificultades en lo relativo al empleo y la educación inclusiva, el número de personas con discapacidad que estudiaban había aumentado. El Ecuador alentó a todos los Estados a ratificar y aplicar la Convención y su Protocolo Facultativo.
68. La Sra. Eppu Mikkonen-Jeanneret, Asesora en Políticas Sociales Mundiales del Ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, afirmó que era necesario asegurarse de que hubiera recursos suficientes para posibilitar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, asignando fondos específicos para esos fines e incorporando esos derechos en todos los programas de cooperación internacional. En Finlandia, se incluía un marcador de discapacidad en todos los sistemas de datos, el cual era objeto de un seguimiento sistemático, al igual que los marcadores de género y derechos humanos. De ese modo se habían conseguido resultados positivos, una verdadera participación y suficientes recursos, pues ese sistema permitía que el Gobierno vigilara todos los proyectos nuevos que recibían financiación sobre la base de esos datos. Podían recibir fondos los proyectos que estuvieran específicamente centrados en una discapacidad, incluyeran un componente sobre discapacidad o tuvieran en cuenta cuestiones de participación y accesibilidad. El objetivo era entender mejor dónde iba a parar la financiación destinada a la discapacidad y evaluar los puntos fuertes y débiles de los proyectos y las posibles sinergias, con miras a una planificación estratégica.
69. El Sr. Alzouma Maiga Idriss, Presidente de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad de África Occidental, destacó que debían eliminarse todas las barreras legales, físicas, administrativas, así como los obstáculos a la comunicación, y que las personas con discapacidad debían ser reconocidas como partícipes, en pie de igualdad, en la agenda de desarrollo. Los Estados debían consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representaban sobre las cuestiones que las afectaban. Era preciso que la financiación para el desarrollo sostenible llegara a los grupos más desfavorecidos y tuviera en cuenta las exigencias relacionadas con la discapacidad. Todos los datos debían desglosarse para dar cuenta de las discapacidades. Los mecanismos de las Naciones Unidas debían respetar, promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, en particular su derecho al pleno ejercicio de su capacidad jurídica y a una participación plena y efectiva.
70. En el diálogo que tuvo lugar a continuación formularon declaraciones los representantes de México, el Pakistán, Dementia Alliance International, la Federación de Personas con Discapacidad del Níger, la Federación Nacional de Ciegos de Mongolia, la Red Mundial de Personas Indígenas con Discapacidad, la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría., la Unión Nacional de Personas con Discapacidad de Uganda y la Televisión Pública Argentina. Los oradores abordaron los temas siguientes: los esfuerzos desplegados en sus países respectivos para empoderar e incluir a las personas con discapacidad teniendo en cuenta su diversidad; la posible utilidad de una base de datos de las Naciones Unidas sobre material didáctico práctico acerca de los derechos de las personas con discapacidad; las oportunidades de llevar a cabo actividades de promoción basadas en los derechos; la necesidad de contar con más intérpretes y guías que prestaran apoyo a las personas con discapacidad; la segregación de las personas con discapacidad en las escuelas; y los problemas que afrontaban las mujeres con discapacidad, incluida la esterilización forzada y la falta de atención médica de calidad.
71. En sus observaciones finales, la Sra. Akram hizo hincapié en la importancia de incluir a las mujeres y las niñas con discapacidad en los procesos políticos, dándoles por ejemplo la posibilidad de votar. El Sr. Cabrera dijo que la Convención debía incorporarse en todas las políticas. Insistió en la necesidad de dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad y sus derechos y de dar a conocer las buenas prácticas. La Sra. Mikkonen-Jeanneret destacó que en su labor, los poderes públicos debían adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, en particular dando seguimiento a los proyectos financiados por la cooperación internacional para asegurarse de que se ajustaran a las normas internacionales de derechos humanos y exhortó a recabar la participación continua y aumentada de la sociedad civil, en cada contexto específico. El Sr. Maiga Idriss dijo que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad debía hacerse efectivo en el terreno y se hizo eco de las observaciones sobre las consecuencias negativas de la insuficiencia de la ayuda prestada a esas personas.

IV. Conclusiones y recomendaciones
72. Para concluir, el Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos subrayó que era preciso ir más allá de los conocimientos abstractos, puesto que se había puesto de manifiesto la necesidad de intensificar la labor de investigación y gestión del conocimiento con respecto a lo que vivían las personas con discapacidad. Había que dar medios a la sociedad civil para que pudiera exigir cuentas a las instancias de protección y otras entidades. El sector empresarial podía contribuir en gran medida a fomentar la dignidad de las personas con discapacidad, mediante el empleo, la innovación, los servicios y diversas iniciativas para promover el liderazgo y la participación, entre otras cosas. Era preciso que todos los interesados tuvieran mayor conciencia de los problemas y actuaran en consecuencia en el contexto de las crisis humanitarias para preservar la dignidad humana de todas las personas. El movimiento de las personas con discapacidad demostraba que la vida humana era valiosísima y que toda persona tenía derecho a la dignidad.

A. Conclusiones
73. En sus observaciones finales, el Sr. Carl Allan Reaich, Co-Presidente-Relator, presentó algunas de las conclusiones del Foro Social de 2016. El Sr. Reaich observó que los participantes habían recordado los importantes avances logrados desde la adopción de la Convención. Hasta el momento, 169 Estados y la Unión Europea habían ratificado la Convención y 92 habían ratificado su Protocolo Facultativo; se habían celebrado nueve períodos de sesiones de la Conferencia de Estados Partes. Se había creado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que había examinado a 47 Estados y aprobado 4 observaciones generales y 14 dictámenes sobre comunicaciones individuales. El examen periódico universal también había contribuido a promover la Convención. Además, se estaban formulando o reformando leyes y políticas en los diferentes países. Por último la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contenía referencias explícitas a las personas con discapacidad y al lenguaje inclusivo.
74. Era preciso que la comunidad de las personas con discapacidad participara en las instancias de formulación de políticas generales, para dar a conocer las cuestiones fundamentales relativas a los derechos de esas personas que formaban parte de la diversidad humana. Los participantes habían destacado la importancia de lograr la ratificación universal de la Convención y su Protocolo Facultativo. Además, debía fomentarse la reforma de la legislación y las políticas nacionales para ajustarlas al enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos. Para ello era preciso adoptar una estrategia dual, teniendo en cuenta sistemáticamente las cuestiones relativas a la discapacidad y al mismo tiempo aplicando medidas específicas, con el fin de fomentar la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Se estaban estableciendo o reformando los marcos institucionales para el cumplimiento y seguimiento de la Convención y era importante reforzarlos para afrontar los desafíos futuros.
75. Era preciso aumentar la cooperación internacional y asignarle mayores recursos; la cuestión de la discapacidad debía tenerse en cuenta sistemáticamente en todas las actividades de cooperación internacional; era necesario lograr la participación sistémica de las organizaciones de personas con discapacidad; y debía asignarse financiación a la labor de investigación en las principales esferas. Las organizaciones internacionales, incluidos los organismos, órganos y mecanismos de las Naciones Unidas, habían adoptado medidas positivas para incluir los derechos de las personas con discapacidad en su trabajo, y cabía prever que prestarían mayor atención a la situación de todas las personas con discapacidad. Podían seguir contribuyendo a la labor de promoción de los derechos humanos y fomento del desarrollo en todos los niveles, con inclusión de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en la Convención. Se valoraban los esfuerzos desplegados por el ACNUDH para elaborar directrices a ese respecto, con apoyo de la Unión Europea. Además, era necesario incluir al sector privado en la consecución de los Objetivos y la aplicación de la Convención, por ejemplo con iniciativas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
76. Era de primordial importancia que las instituciones nacionales de derechos humanos vigilaran el cumplimiento de la Convención, en particular contribuyendo a la consideración sistemática de las cuestiones relativas a la discapacidad y designando a coordinadores. Esas instituciones prestaban servicios de asistencia técnica y fomento de la capacidad a las organizaciones de personas con discapacidad, facilitaban su comunicación con las autoridades, contribuían a mejorar el acceso a la justicia e interactuaban con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los participantes habían destacado también la influencia de los medios de comunicación privados y públicos en el acceso a la información y en la idea que se hacía la ciudadanía de la discapacidad, y habían señalado que, en muchos casos, los medios no conocían la Convención. Por último, era indispensable que el mundo académico adoptara buenas prácticas en materia de lucha contra los estereotipos e hiciera aportaciones para fomentar el cumplimiento de la Convención. Ahora bien, era necesario contar con la participación directa de las personas con discapacidad e intensificar la labor de investigación en ese ámbito.

B. Recomendaciones
77. Los participantes en el Foro Social abogaron encarecidamente por la ratificación universal de la Convención y su Protocolo Facultativo y la ratificación del Tratado de Marrakech. Los Estados partes deberían armonizar su legislación con la Convención y aplicar el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos a la formulación de políticas, en particular en lo relativo a la no discriminación, incluida la discriminación múltiple e interseccional; la realización de ajustes razonables; el igual reconocimiento como persona ante la ley; la accesibilidad; la educación inclusiva; la reducción de la pobreza; y el derecho a vivir de forma independiente.
78. Los Estados debían velar por que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan participaran en los procesos de adopción de decisiones, brindándoles apoyo incondicional, fomentando su capacidad, prestándoles asistencia técnica y alentándolas a defender ellas mismas sus derechos. La labor de los coordinadores encargados de encauzar los esfuerzos de aplicación de la Convención y descentralización era determinante para la formulación de políticas. Al tiempo que cumplían sus obligaciones inmediatas, los Estados debían además destinar un presupuesto suficiente al cumplimiento de su obligación de posibilitar la realización progresiva de los derechos de las personas con discapacidad, apoyar a los mecanismos de seguimiento, facilitar el acceso a datos desglosados y elaborar indicadores de derechos humanos.
79. La cooperación internacional debía proponerse aumentar la financiación específicamente destinada a la discapacidad y promover la investigación. Los Estados y los donantes debían integrar sistemáticamente la discapacidad en todas las actividades de cooperación internacional y lograr la participación de las personas con discapacidad. Las organizaciones debían hacer cumplir las políticas en todos los niveles, desde las sedes hasta los organismos en el terreno, con el fin de aplicar la Convención. Era preciso crear medios para hacer un seguimiento de la inclusión, como los marcadores de la discapacidad. Con sistemas de recopilación de datos bien estructurados se lograría mejorar la concepción y la evaluación de los proyectos. Las organizaciones internacionales debían intensificar su participación en la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
80. El sistema de las Naciones Unidas había de tener debidamente en cuenta los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de su labor, lograr mayor coherencia interna, y estrechar la cooperación con los equipos de país para reforzar su conocimiento de la Convención y ayudar a los Estados a aplicar políticas que incluyeran a las personas con discapacidad y respetaran sus derechos. El sistema de las Naciones Unidas debía incrementar el apoyo directo que prestaba a las organizaciones representantes de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a las actividades de fomento de la capacidad y a los recursos.
81. Las instituciones nacionales de derechos humanos debían ser independientes y contar con recursos suficientes y era preciso reforzar sus mecanismos de denuncia. Debían integrar sistemáticamente las cuestiones relativas a la discapacidad en su labor y designar a coordinadores encargados de esas cuestiones. En particular, al interactuar con el poder legislativo y el poder judicial, esas instituciones velaban por que la legislación se ajustara a la Convención y por que hubiera un acceso efectivo a la justicia y a las vías de recurso. Debían redoblar esfuerzos para prestar servicios de asistencia técnica y fomento de la capacidad a las organizaciones de personas con discapacidad y a facilitar su comunicación con las autoridades y con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
82. Los Estados y demás partes interesadas debían crear una red sobre la discapacidad en la que participaran medios de comunicación privados y públicos, personas con discapacidad, comunicadores y representantes del público objetivo, con el fin de contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Esa red tendría por objetivo luchar contra los estereotipos; promover el uso de un lenguaje apropiado; representar a las personas con discapacidad como titulares de derechos; velar por el acceso de esas personas a la información estableciendo normas de accesibilidad en todos los medios de comunicación, incluidos los sitios web; lograr mayor visibilidad y difusión; y fomentar el empleo de periodistas con discapacidad en la comunicación de información que no esté específicamente relacionada con la discapacidad. Los Estados debían establecer observatorios y otros mecanismos para vigilar e informar sobre el cumplimiento por los medios de comunicación de las normas internacionales y las leyes nacionales.
83. El sector privado debía participar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en la Convención. Debían ponerse en marcha iniciativas de múltiples interesados, destinadas a elaborar directrices, intercambiar buenas prácticas y fomentar la adopción de un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, integrar a las personas con discapacidad con los demás consumidores, poner en práctica el diseño universal y ampliar la producción de bienes especialmente destinados a personas con discapacidad para abaratar su costo. Los procesos de adquisiciones públicas debían contribuir al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones académicas y de investigación debían aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a la investigación. Los Estados, los donantes y las instituciones académicas debían asignar mayores recursos a investigar cómo podrían aplicarse los derechos de las personas con discapacidad al desarrollo y la formulación de políticas, en particular en lo relativo al acceso a la justicia, la recopilación de datos y las múltiples formas de discriminación.
84. El Consejo de Derechos Humanos y los demás mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas debían seguir ocupándose del asunto. En particular, el Consejo debía difundir las conclusiones y recomendaciones del Foro Social 2016 y adoptar nuevas medidas para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en la Convención. El Consejo debía exhortar a todos los Estados y demás partes interesadas a que, en el cumplimiento de su mandato, tuvieran en cuenta las presentes conclusiones y recomendaciones para seguir avanzando en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en todos los niveles. Por último, el Consejo debía aplicar las medidas recomendadas por su equipo de tareas con respecto a los servicios de la secretaría, la accesibilidad para las personas con discapacidad y la utilización de las tecnologías de la información.

Anexo
[Inglés únicamente] List of participants

States Members of the Human Rights Council
Algeria, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), China, Cuba, Ecuador, Ethiopia, France, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Mongolia, Morocco, Nigeria, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovenia, South Africa, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Venezuela (Bolivarian Republic of).

States Members of the United Nations represented by observers
Argentina, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Czechia, Djibouti, Dominican Republic, Egypt, Fiji, Finland, Gabon, Greece, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Iceland, Iran (Islamic Republic of), Italy, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Luxembourg, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Niger, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Spain, Sri Lanka, Tajikistan, Turkey, Uganda, Ukraine, United States of America, Uruguay, Vanuatu.

Non-Member States represented by observers
Holy See, State of Palestine.

Intergovernmental organizations
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Intergovernmental Commission on Human Rights, European Union, International Development Law Organization.
United Nations
International Labour Organization, International Telecommunication Union, United Nations Children’s Fund, United Nations Development Programme, World Intellectual Property Organization.

Non-governmental organizations, including organizations of persons with disabilities
Action on Disability and Development International, African Commission of Health and Human Rights Promoters, African Disability Forum, Alliance Defending Freedom International, Arab Organization of Persons with Disabilities, Arab Union for the Blind, ASEAN Disability Forum, Asia Pacific Women with Disabilities, Association of Persons with Rheumatic Diseases, Association of World Citizens and People’s Health Movement,
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Centre indépendant de recherche et d’initiatives pour le dialogue, China Disabled Persons’ Federation, Company of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, Cuban National Association of Deaf People, Dementia Alliance International, Down Syndrome International, Epidemic of Knowledge Campaign, European Network on Independent Living, European Union of the Deaf, Future Hope International, Geneva for Human Rights-Global Training, Global Alliance for Disability in Media and Entertainment, Global Alliance of National Human Rights Institutions, Global Partnership on Children with Disabilities Youth Council, Handicap International, Include Me Too, Inclusão Eficiente, Inclusion International, Indigenous Persons with Disabilities Global Network, Indonesian Mental Health Association, International Association for Hospice & Palliative Care, International Disability Alliance, International Disability and Development Consortium, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, International Federation of Anti-Leprosy Associations, International Federation of Hard of Hearing People, International-Lawyers.org, International Longevity Centre Global Alliance, International Youth and Student Movement for the United Nations, Italian Network on Disability and Development, Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families, Mongolian National Federation of the Blind, Movimento Down, My Right, National Disabled People’s Organization in Timor-Leste, National Forum of Women with Disabilities of Pakistan, National Union of Disabled Persons of Uganda, Niger Federation of Persons with Disabilities, Pacific Disability Forum, Pan African Network of People with Psychosocial Disabilities, People First New Zealand, Regional Network for Inclusive Education in Latin America, Sense International, Spanish Organisation of the Blind, Transforming Communities for Inclusion Asia, Turkey Youth Communication Platform, West African Federation of Organisations of Persons with Disabilities, Women Education and Culture Foundation, World Blind Union, World Federation of the Deaf, World Federation of the Deafblind, World Network of Users and Survivors of Psychiatry.

National human rights institutions
Australian Human Rights Commission, Defensoría del Pueblo de Perú, German Institute for Human Rights, Uganda Human Rights Commission.

National ministries and departments
Department of Social Development of South Africa, International Disability Rights of the United States Department of State, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Ministry of Economic Development of Poland, Ministry of Education of Brazil, Public Television of Argentina.

Academic institutions
Hamad Bin Khalifa University, Nalsar University of Law, University of California Berkeley, University of Leeds, University of Melbourne.

Media organizations
Public Television of Argentina
Private sector
EID Belgium, Foschiani Asociados, World of Inclusion.
Independent experts
Catalina Devandas Aguilar, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities